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El nuevo Código Procesal Penal podría autorizar a la Policía técnicas de hacking para crimen organizado y ciberdelitos

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martes, 04 de junio de 2013
El nuevo Código Procesal Penal podría autorizar a la Policía técnicas de hacking para crimen organizado y ciberdelitos

Se trata de un arma de indudable utilidad para las fuerzas de seguridad, pero puede presentar problemas de constitucionalidad y chocar de frente con derechos fundamentales ante la invasión de la intimidad que supone.

 

El borrador de anteproyecto de Código Procesal Penal del Ministerio de Justicia permite a los jueces que autoricen a la policía la instalación de troyanos en los ordenadores de los investigados para obtener la información que contienen o a la que se puede acceder a través de ellos.

 

El texto prevé el acceso remoto de equipos informáticos —lo que incluye tabletas y teléfonos inteligentes— para delitos con penas máximas superiores a tres años. Se incluiría el cibercrimen, el terrorismo y el crimen organizado siempre que el juez justifique la proporcionalidad de la intervención.

 

Hasta el momento, sólo Alemania ha aprobado una regulación similar, aunque solo para casos de terrorismo.

 

El Ministerio que todavía no ha decidido si aceptará la propuesta, recoge esta posibilidad en el artículo 350 del borrador. Permitiría al Tribunal de Garantías —el que supervisa la instrucción del caso, que en la propuesta de Justicia dirige el fiscal— la autorización “a petición razonada” del ministerio público de “la utilización de datos de identificación y códigos, así como la instalación de un software, que permitan, de forma remota y telemática, el examen a distancia y sin conocimiento del titular o usuario del contenido de un ordenador”.

 

Es decir, se autorizaría la instalación de un troyano, aunque en este caso utilizado para fines legítimos, que se instalaría a distancia en un ordenador para poder controlar su contenido de forma remota sin que su propietario o usuario lo advierta.

 

Desde el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) consideran “positivo” que se apueste por las nuevas tecnologías en el nuevo Código Procesal Penal, pero creen que la intervención remota de ordenadores es un tema “delicado”.

 

Fuentes del organismo se preguntan por la necesidad de entrar en un ordenador. “Si se ha podido identificar la IP y se trata de un equipo que está en España, ¿por qué no entrar y recogerlo y después investigar su contenido?”, afirma un portavoz. Desde el CGAE aseguran que, al vulnerar el derecho a la intimidad, la resolución judicial que autorice la diligencia “debe aprobarla con un objeto concreto y determinado”. Aunque, aseguran, una vez abierta la ventana a un ordenador “es difícil concretar”.

 

“Es por esa razón que el borrador de anteproyecto prevé unos requisitos muy rigurosos para su aprobación por el juez”, explica Nicolás González-Cuéllar, catedrático de Derecho Procesal y miembro de la comisión de expertos que ha elaborado el texto.

 

“Se exige que el delito tenga una gravedad mayor que la prevista para una mera intervención telefónica y la resolución debe justificar que ese método es proporcional a la gravedad de los hechos y especialmente idóneo para investigarlos. Además, esa resolución debe delimitar muy bien lo que la policía puede y lo que no puede hacer”, añade González-Cuéllar.


Fuente: El País 

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