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Mayor control antifraude en las tarjetas de crédito

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martes, 02 de julio de 2013
Mayor control antifraude en las tarjetas de crédito

Según la propuesta del nuevo Código Mercantil, las entidades bancarias tendrán la obligación de ponerse en contacto con sus clientes cuando los gastos cargados a sus tarjetas de crédito se salgan del patrón habitual.


Estas operaciones podrían servir de indicio de que la tarjeta se ha utilizado en operaciones fraudulentas tras su robo.


Este texto, elaborado por un grupo de 60 expertos y presentado recientemente por el Ministerio de Justicia, busca regular el uso de tarjetas en áreas que hasta ahora se regían por lo establecido en contratos, y según el criterio de cada banco.


Así, se incluye la obligación de los bancos de “comunicar sin demora al titular de la tarjeta todas aquellas operaciones cuyo importe o frecuencia excedan de lo que determina el historial habitual del cliente”. De no hacerlo, el banco tendría que asumir los gastos irregulares en caso de fraude.


Muchas entidades ya informan a sus clientes en casos similares, ya sea por mensaje de texto al móvil u otros tipos de comunicaciones. Lo hacen, por ejemplo, en el caso de que se produzca un gasto o una retirada de efectivo de un cajero en dos países o dos ciudades diferentes con poco espacio de tiempo, o una transacción muy importante, fuera de lo habitual.


No obstante, según fuentes de la Comisión de Codificación que ha elaborado el documento, “será la jurisprudencia que vayan sentando los tribunales la que determine los límites de la responsabilidad de las entidades”.

 

En cualquier caso, parece que el Código vendrá a poner orden en aspectos en los que había un vacío. Y es que el texto vigente data de 1885.

 

“La utilización no autorizada de la tarjeta por un tercero no producirá efecto alguno desde que se hubiera comunicado la pérdida o la sustracción al emisor en la forma establecida en el contrato. La prueba de que la comunicación se ha efectuado corresponde al titular de la tarjeta”, señala el artículo 673-5.

 

Sin embargo, advierte que “antes de la comunicación el contratante soportará las consecuencias del uso no autorizado conforme a lo dispuesto en la legislación sobre servicios de pago".

 

Las entidades tendrán que remitir al titular de la tarjeta “un resumen detallado de las operaciones realizadas, en el que se hará constar la fecha y el importe de cada operación, así como la identidad del empresario o de la entidad asociada en que se hubiere realizado, la fecha de remisión del resumen y, si la tarjeta fuera de crédito, la fecha de vencimiento de la obligación de pago”.

 

El usuario podrá impugnar cualquier operación en el plazo de un mes siguiente desde la fecha de recepción del citado resumen. Entonces el banco dispondrá de 15 días para, o bien rectificar el error, o bien para “explicar en lenguaje comprensible” la liquidación impugnada, con copia de los comprobantes o fundamentos de la operación cuestionada.


La propuesta de la Comisión de Codificación, que trabaja desde 2006 en esta reforma, tiene que pasar por el refrendo del Gobierno.

 

Fuente: El País 

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