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Bruselas adopta mayores sanciones para los delitos en el ciberespacio

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viernes, 05 de julio de 2013
Bruselas adopta mayores sanciones para los delitos en el ciberespacio

En mitad de debates e investigaciones por los casos de espionaje que apuntan en su autoría a Estados Unidos y a otros países europeos como Reino Unido y Francia, se da luz verde a una nueva Directiva sobre ciberseguridad que regula penas más duras para aquellos que cometan delitos cibernéticos.


Este nuevo texto normativo, que será adoptado próximamente, tiene la finalidad de prevenir este tipo de prácticas que tantas pérdidas económicas suponen a países y empresas, así como impulsar la cooperación policial y judicial en un terreno cada vez más extendido y sofisticado.


De esta forma, ante un ciberataque, se establece que la respuesta de los países ante una petición urgente de ayuda de cualquier Estado miembro no supere el plazo de ocho horas.


La Directiva establece un marco de sanciones para los delitos cibernéticos que van desde los 2 a los 5 años en función de su gravedad.


Para salvaguardar las libertades civiles, se impone una pena máxima de al menos dos años de cárcel contra el acceso ilegal a sistemas de información y bases de datos, así como por interceptar comunicaciones o producir y vender los instrumentos necesarios para cometer estos delitos.


Para los casos en que se utilicen botnets o equipos “zombies” para la comisión de estos delitos, el texto establece una pena máxima de al menos tres años de cárcel. Sería el caso de conductas delictivas relacionadas con el establecimiento de controles remotos sobre un número concreto de ordenadores e infectarlos con virus informáticos.


Las sanciones se endurecen hasta los cinco años cuando hablamos de ataques contra infraestructuras “críticas” para el funcionamiento de un país. Se está haciendo referencia al pirateo de redes de transporte, instalaciones de luz y agua o webs gubernamentales.


Además, los ataques cometidos por organizaciones delictivas o que causen daños graves también tendrán una pena máxima.


La Directiva extiende responsabilidad penal a las personas jurídicas en aquellos casos en los que su empresa haya obtenido un beneficio como consecuencia de la comisión de un delito informático. Por ejemplo, la contratación de un hacker para acceder a la base de datos de la competencia. Este tipo de conductas se castigará con sanciones que podrían conllevar la exclusión del acceso de la empresa a subvenciones públicas o incluso la clausura de su establecimiento.


Una vez adoptada, los Estados miembros tendrán un plazo de dos años para trasponer la norma a su legislación nacional.

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