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El fraude interno, un problema en aumento

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lunes, 29 de febrero de 2016
El fraude interno, un problema en aumento

El fraude interno es una realidad que no puede obviarse en las organizaciones, especialmente en un momento de crisis económica e inestabilidad política como el actual. La crisis económica ha provocado que algunas empresas hayan tenido que reducir los controles internos, y como resultado, se han incrementado las oportunidades para cometer fraude.

 

Esta situación, sumada a otros factores como la reciente ola de despidos y la actual inseguridad en los puestos de trabajo, que ha hecho caer la fidelidad de los empleados hacia sus empresas, están actuando como presión ambiental favorable en los perpetradores de fraude interno.

 

El fraude interno es un delito cometido por empleados de una empresa. Hay estudios que apuntan que el 70% de los fraudes se realizan con participación directa o indirecta de alguno de los empleados.  Éstos se valen de su puesto o de la información que administran y la  utilizan o manipulan datos y equipos para su beneficio propio.

 

Por otro lado, también existe el llamado fraude en colusión, que es el  producido mediante acuerdo de personas de dentro y fuera de la organización, que aprovechan las relaciones que se establecen o la información que se comparte.

 

Durante los últimos años, las empresas han ido disminuyendo los recursos humanos y materiales dedicados al control interno para utilizarlos en otras actividades directamente relacionadas con su propia supervivencia, como son la financiación o el equilibrio presupuestario.

 

Esta política restrictiva está afectando a las inversiones que han de  hacerse para incrementar la seguridad en sus diferentes vertientes: control interno, seguridad informática, análisis de riesgos, o seguridad general contra el fraude interno y externo, lo que está costando miles de euros a las organizaciones.


No todos los casos de fraude interno son iguales, recordemos que fue D. Cressey quien en 1961 expuso su conocida teoría respecto a los condicionantes para que se materialice el fraude, debiendo coexistir para ello tres situaciones:


1º. Motivación (incentivo, presión). Cuando la Administración u otros empleados tienen un estímulo o presiones que les aportan razones justificativas para cometer fraudes.


2º.  Poder (Oportunidad). Serían las circunstancias que facilitan las posibilidades de perpetuar fraudes (por ejemplo la ausencia de controles, controles ineficaces, o la capacidad de la administración para abrogar los controles).


3º. Racionalización, actitud. Cuando las personas son capaces de racionalizar un acto fraudulento en total congruencia con su código de ética personal o que poseen una actitud, carácter o conjunto de valores que les permiten, consciente e intencionalmente, cometer un acto deshonesto.


La mejor forma de combatir los riesgos de fraudes, es la de incidir sobre estos tres factores, reduciéndolos, pero no de forma simultánea, pues basta con que uno de ellos no esté presente para que el riesgo no se materialice, o en el peor de los casos, que se minimice. En este sentido, combatir convenientemente el factor “oportunidad”, en donde radicaría el éxito de controlar la probabilidad de ocurrencia, de forma que si pudiésemos suprimirlo, habríamos conseguido eliminar totalmente el riesgo de fraude, a pesar de lo importante y altos que fuesen las motivaciones y la racionalización.


Como resultado de este planteamiento, deberíamos priorizar los controles con los que minimizar las “oportunidades” que puedan presentarse a los defraudadores, pues controlando estas, habremos incidido de forma eficaz en su combate. Contar con un sistema de evaluación frecuente del riesgo obliga a las empresas a  buscar el fraude y les da la agilidad necesaria para encontrarlo. Implementar sistemas de prevención del fraude resulta esencial para identificar las amenazas potenciales y las debilidades en los controles.

 

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