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¿Próximos al final del “derecho al olvido”?

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miércoles, 26 de junio de 2013
¿Próximos al final del “derecho al olvido”?

Ya se conoce la opinión del Abogado General del Tribunal de Justicia de la UE, Nillo Jääskinen, en el caso español de Google y la Agencia Española de Protección de Datos que exigía de esta compañía la eliminación de resultados de búsqueda sobre informaciones de ciudadanos españoles.

 

Y todo ello a partir de una denuncia de un particular sobre un aviso de subasta de su casa después de que fuera embargada. Su argumento, la vulneración de su privacidad.

 

La Audiencia Nacional remitió la petición al Tribunal de Luxemburgo de cuestiones prejudiciales sobre la aplicación de la Directiva sobre protección de datos a un motor de búsqueda en Internet que Google gestiona como proveedor de servicios.

 

Estas cuestiones se dividían en tres categorías. Una primera sobre el ámbito territorial de aplicación de las normas europeas de protección de datos. El segundo grupo se refería a la posición jurídica de un proveedor de servicios de motor de búsqueda en Internet a la luz de la Directiva, particularmente en términos de su ámbito de aplicación ratione materiae. Por último, la tercera cuestión hacía referencia al denominado “derecho al olvido”.

 

Ahora, en el dictamen no vinculante publicado, Jääskinen abre un importante precedente al admitir que los proveedores de servicios de motores de búsqueda no son responsables, sobre la base de la Directiva, de los datos personales que aparecen en las páginas web.

 

De esta forma, Google sí estaría sujeto a la normativa europea sobre privacidad, pero no está obligado a borrar la información sensible de su índice de búsquedas.

 

El letrado propone al Tribunal que recoja estos términos en la sentencia porque “no se puede considerar al proveedor de servicios responsable del tratamiento de tales datos personales”, a excepción de los contenidos del índice de su motor de búsqueda, siempre que el proveedor del servicio no indexe o archive datos personales en contra de las instrucciones o las peticiones del editor de la página web.

 

Por tanto, todas las empresas que operan en la UE deben cumplir con la legislación de protección de datos de cada país, pero no se puede “obligar a eliminar contenidos producidos por otros”.

 

La próxima Sentencia, de reproducir los argumentos sugeridos por Jääskinen, se convertiría en el final del “derecho al olvido”, un extremo que se estudia incluir en la reforma de la Directiva de protección de datos. 

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