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¿Quién responde ante un fraude por robo de identidad?

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martes, 07 de febrero de 2017
¿Quién responde ante un fraude por robo de identidad?

El robo de identidad es un delito que comete una persona que suplanta a otra mediante un ardid valiéndose de documentación o datos personales de un tercero para operar a través de un banco, comprar bienes, o contratar servicios y cargárselos a la cuenta de quien es sustituido.

 

No es un mal de nuestro país, sino que es una pandemia internacional que se basa en cuatro pilares:

 

a) pocas medidas de seguridad para falsificar documentos de identidad o incluso sustraerlos directamente de los Registros de las Personas.

 

b) Controles laxos de algunas entidades financieras en el momento de otorgar créditos, ventas a crédito, tarjetas y operaciones similares, que no ejercen un adecuado control de la identidad de sus futuros clientes.

 

c) Poca conciencia ciudadana de que los datos personales son, en manos inadecuadas, un riesgo por la potencialidad dañosa que posee su uso ilícito.

 

d) El avance de las nuevas tecnologías como Internet que permiten operar on line, que si bien es una comodidad, implica el riesgo de que los datos personales puedan ser captados por terceros y luego utilizados para operaciones ilícitas.

 

Esta última es la que más ha crecido. Día a día los bancos adelantan campañas institucionales para que sus clientes no se dejen engañar por los delincuentes que permanecen al acecho para estafarlos y robarlos. Un importante aporte en materia de seguridad que, sin embargo, no es un blindaje impenetrable, como acontece con las transacciones electrónicas que se efectúan por medio de canales no presenciales para mover el dinero de una cuenta a otra. Por eso, la astucia de los delincuentes cibernéticos les exige a los bancos altos estándares de diligencia, seguridad, control, confiabilidad y profesionalismo.

 

El "phishing" es el fraude por Internet más complicado con el que se están encontrando las entidades bancarias y sus clientes en los últimos cinco años. Consiste en el envío masivo de correos electrónicos a los usuarios para robarles sus datos bancarios. El problema cuando se produce este tipo de fraude es que no está claro quién debe responder de la desaparición de los fondos.

 

Cuando el fraude a través de transacciones electrónicas se hace realidad y el cliente es víctima de hurto, los bancos deben asumir las consecuencias derivadas de la materialización de esos riesgos. Es decir, están obligados a reparar a sus clientes por los perjuicios causados, siempre y cuando no se demuestre que el robo fue posible por descuido del usuario.

 

La realidad es que los fraudes no siempre se producen por descuidos del usuario, y es que los ataques directos a los bancos también existen. Las manipulaciones informáticas de sus sistemas de seguridad, que ponen de manifiesto las vulnerabilidades de la banca 'online', están a la orden del día. ¿Cómo se explica si no que los usuarios de unos bancos se vean más afectados que los de otros? ¿Son unos usuarios más imprudentes que otros?

 

En el último año, se ha observado un fuerte crecimiento de este tipo de delitos, pero también un aumento de las medidas de seguridad adoptadas por los bancos; no obstante, las entidades tienen que seguir adoptando más y mejores sistemas de seguridad, ya que conforme van avanzando las nuevas tecnologías, las técnicas de los hackers para seguir cometiendo este tipo de fraudes también avanzan.

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