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Reforma necesaria para garantizar un comercio electrónico seguro

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martes, 23 de julio de 2013
Reforma necesaria para garantizar un comercio electrónico seguro

Ajustar la normativa a las nuevas realidades para que exista el menor número de lagunas y de inseguridad jurídica es el objetivo de la reforma que estudia el Ejecutivo para las transacciones de compra-venta on line.


Hay que tener en cuenta que sólo en los cuatro últimos meses de 2012, el comercio electrónico en nuestro país movió 40 millones de operaciones por un valor de 10.000 millones de euros de facturación.


Sin duda, es una fuente de ingresos muy significativa para una economía tan dañada en sus grandes indicadores.


Por esta razón, y para aprovechar todo su potencial, se hace necesario que el comercio electrónico ofrezca a usuarios y consumidores una seguridad y protección reales que pongan fin a la desconfianza generada ante fraudes derivados de una falsa identidad.


En esta línea, y con el fin de transponer la Directiva 2011/83, se trabaja en el Anteproyecto que modifica la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.


Los expertos señalan que se tratade una reformacon dos ámbitos fundamentales de actuación: uno centrado en la información con la que debe contar el usuario y que quedaría ampliada en la nueva norma y, otro, basado en la necesidad de autentificar la identidad de estos usuarios.


Así, el anteproyecto fija que cuando una persona tenga intención de contratar un bien, y siempre con carácter previo, tendrá a su disposición toda la información necesaria y relevante sobre el contrato. De forma esencial conocerá los datos sobre las características del bien o servicio, la identidad del empresario, el precio total, las formas de pago, garantías o pagos adicionales.


Además, las páginas web estarán obligadas a indicar claramente las distintas formas de pago con las que realizar la operación así como la existencia de restricción de suministro.


Se pretende, en definitiva, dotar de mayor garantía y calidad a los procesos de contratación y a los servicios prestados por los empresarios del comercio on line.


En cuanto al segundo ámbito en el que se centra la reforma, es decir, la identificación y la seguridad en las operaciones, el anteproyecto contempla la necesidad de que exista “consentimiento expreso del consumidor” al contrato junto con un “documento escrito” que otorgue validez al contrato concertado vía telemática o a distancia.


Para una correcta aplicación de estos extremos de la nueva ley, el empresario debería contar con entornos seguros donde el consumidor tenga a su disposición, a lo largo de toda la transacción, la información contractual exigida, garantizando la integridad del documento. La solución a esta cuestión está, por ejemplo, en la figura del tercero de confianza.


Por lo que se refiere a los medios de identificación y autenticación del usuario, expertos y sector señalan que será el aspecto más complicado de implementar ya que, además de valorar el mecanismo, habrá que analizar “cómo están de implementados por la sociedad y cuál es su grado de utilización por parte de los consumidores”.


Por tanto, habrá que definir las características de estos mecanismos acorde con los requisitos de la ley y, además, extender su implantación de manera generalizada.

 

 

 

 

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